En primera media deseo contextualizar la propuesta del gobierno en reformar la ley 30, de 1992, y que hoy en Colombia tiene en las mesas de análisis a la Ministra de Educación María Fernanda Campo, docentes y estudiantes de universidades públicas y privadas, además de los diferentes presidentes de ASCUM, ACIET, ACIUP y el SENA, entre otras.
Empecemos por entender ¿Qué es la ley 30 de 1992?
Es la ley que regula u organiza el servicio público de la educación Superior en Colombia.
¿Por qué nació esa Ley?
Porque como lo dice el art 2 de la misma ley, “La educación superior es un servicio público cultural, inherente a la finalidad social del Estado”.
Además, la Constitución Nacional de Colombia de 1991, la registra como un derecho fundamental. Art 67 “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica...”, pero el Estado no sabía cómo darle alcance a la sociedad y lo aterriza por medio de dicha ley.
¿Qué plantea el gobierno al reformar la ley 30?
Se pretende reformar el esquema de financiación de la educación superior en Colombia, bajo cuatro preceptos o pilares según el Presidente de Colombia Juan Manuel Santos:
1. Calidad
2. Aumentar los recursos de la educación superior incluyendo el capital privado.
3. Tener una educación pertinente en lo regional y competitiva internacional.
4. Gestión del buen gobierno o transparencia.
De acuerdo a lo anterior, la calidad se verá reflejada en una mayor y mejor capacitación, tanto de los docentes como de los estudiantes por medio de certificaciones ajustadas a las necesidades internacionales de calidad.
Para aumentar los recursos de educación en las universidades públicas se tiene presupuestado contar con un porcentaje progresivo del incremento del PIB y que las entidades privadas patrocinen proyectos de ciencia y tecnología.
En lo referente a cobertura: se quiere extender las universidades públicas a más regiones y sectores del país para que más personas tengan derecho a la educación.
Y en lo referente al buen gobierno: es tener la posibilidad de que dichas universidades rindan cuentas al Estado y la sociedad para una total transparencia.
Puntos en común
La ley es obsoleta, hace 18 años el contexto era totalmente diferente.
El gobierno, los representantes universitarios y estudiantiles coinciden en reformar la educación pública, para que se adecue a las demandas actuales de la sociedad Colombiana en relación economía, tecnología, demografía y cambios culturales para ser competitivos, nacional e internacionalmente.
La necesidad de dar más y mejores oportunidades de créditos educativos.
Puntos de debate
Los diferentes sectores que se oponen a la reforma, manifiestan que en materia de calidad, las universidades públicas son una de las instituciones con mejor calidad de egresados compitiendo a nivel internacional. Esto se debe a su autonomía en las decisiones discentes, docentes y su currículo libre.
En materia de cobertura, es imposible de extender el alcance de las universidades a diferentes sectores de la geografía sin que primero haya una planta física y administrativa adecuada, “de que sirve más cupos sin donde dictarlos”.
Por último, la intervención de entidades privadas para acompañar o financiar proyectos de ciencia y tecnología entre otros, terminan por ser un peligro si no se restringe su alcance, Acabaría por influir en la toma de decisiones, aludiendo a que quien pone la plata pone las condiciones, esto afecta el servicio público de la educación, además de reconocer que las entidades territoriales desde hace varios años no aportan económicamente el porcentaje del PIB, establecido por ley, con deudas demasiado altas.
Haa, faltó mencionar que sectores de oposición de la reforma plantean que no se han tenidos en cuenta, que la ley pretendía ser implantada en el congreso sin un estudio de consenso interdisciplinario.
Conclusión
Por donde quiera que se analice la reforma, el problema es por dinero, si se quiere una mayor cobertura, se necesita dinero para construir planteles educativos, pagar docentes y cubrir todos gastos administrativos que ello conlleva; para mejorar la calidad de la educación y ser competitivos internacionalmente, se necesita la acreditación, y una acreditación exige cambios, inversión en proyectos de investigación y profesionalización avanzada de los docentes, además de los equipos técnicos y tecnológicos acorde a una institución de educación superior; y para evitar la deserción académica, se necesita más propuestas de financiación a los estudios superiores, añaida al acompañamiento básico de transporte y educación, por que de qué sirve tener acceso a la cátedra pero no se tiene lo necesario para asistir.
En suma, el tema del dinero, es lo que prevalece. Se buscan mecanismos de financiamiento con entidades privadas, pero la visión de muchas de ellas es tener ganancia en lo que invierten o de lo contrario no lo harían aún en detrimento del servicio público de educación. Pero como desaprovechar la oportunidad que permite a ese sector privado contribuir como otras tantas instituciones al servicio de la educación superior para jóvenes de bajos recursos. Éste tema sí hay que estudiarlo a favor.
Nada raro habrá en que organismos Internacionales y Nacionales como: el Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Icontec, Icetex, Colciencias, tengan cierto interés en que se dispongan los argumentos y se firmen los cambios a su favor, o más aún influyan en la educación Latinoamericana. Porque es de saber que en este tema de la reforma a la educación no solo tiene problemas Colombia, también los tiene Ecuador, Chile, Paraguay, Uruguay y Mexico, siendo éste último el más sólido y representativo de la región a favor de la educación pública, hoy día afectado por el narcotráfico. También hay que reconocer la labor meritoria de EPM, Confiar y Comuna que en el ámbito local de Antioquia son reflejo al país.
Lo cierto de todo este planteamiento, es que sí se necesita la reforma a favor del desarrollo y progreso de Colombia que es una región geoestratégica en recursos naturales, esos recursos que con una sociedad altamente capacitada financiaría las necesidades de la educación superior sin ninguna molestia.